Según lo que he podido leer en La voz de Galicia, la polémica surge cuando la SGAE reclama derechos por la representación de Bodas de sangre (publicada en 1931 por Lorca, autor fallecido en 1936) al grupo de teatro formado por estudiantes del instituto, obra que llevaban preparando desde septiembre para poner en escena el día 19 de este mes en el Fórum Metropolitano.
Esto pone de manifiesto una gran incoherencia que se viene gestando ya desde hace muchos años, y es que la ley de propiedad intelectual parece que sólo sirve para imponer multas o reclamaciones económicas, como si fuera una trampa bien preparada para que la gente caiga en ella... Se habla de concienciación y sensiblidad con los derechos de autor y de la piratería alarmante en España, pero la pregunta es: ¿se están consiguiendo progresos en este sentido? Mientras siga existiendo esta gran falta de información sobre la ley, la respuesta es no.
Porque, pese a todos estos conflictos que se están produciendo continuamente, ¿quién habla del número de años que deben pasar tras la muerte del autor para que las obras puedan ser reproducidas o explotadas libremente? La ley ha sido modificada en varias ocasiones y, por lo que deduzco, el plazo para obras literarias podría haberse ampliado a 80 años, pero ¿quién sabía esto realmente? En la respuesta a esto reside el verdadero problema.
Es cierto que se están llevando a cabo iniciativas como Es de libro, pero a la vista está que es insuficiente; las instituciones tienen que esforzarse en dar a conocer lo esencial de esta ley para que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse, porque ¿cómo se le puede pedir a la ciudadanía que se conciencie, que se sensibilice y, lo más difícil, respete las leyes si no las conoce? Siguiendo la tendencia actual de golpe y martillo, de multas y reclamaciones a diestro y siniestro, lo único que se consigue es el efecto contrario al deseado.
Es indigno también que la defensa de los derechos de autor pueda quedar asociada a imágenes como ésta, a un grupo de estudiantes de instituto claramente afectados por falta de información y no por una intención premeditada de vulneración de la ley, y más aún cuando cualquier sistema educativo encuentra sus pilares en la cultura y en las artes, y en los libros que las reúnen en sus páginas. ¿No resulta ilógico que allí donde mayor importancia tienen, brille por su ausencia precisamente el conocimiento de la ley que hace posible su existencia?
Quienes tienen que solucionar esta carencia informativa no son los alumnos, ni los profesores, ni las entidades de gestión, ni los ciudadanos, sino aquellos que deciden qué leyes se deben aplicar y cuáles derogar, aquellos que juzgan qué es necesario saber y qué no, y no menos importante, aquellos que escogen los contenidos que deben impartirse en la enseñanza. Si queremos tener una sociedad respetuosa con los derechos de autor, primera ésta tendrá que saber qué significa eso exactamente...